“Reforma Constitucional que establece el Perú de Regiones Autónomas, reconoce el derecho a su propia Constitución Regional y reordena el sistema de competencias y financiamiento territorial.”
La Reforma no es una propuesta de gestión ni un plan de gobierno. Es una reforma constitucional ciudadana que modifica artículos fundamentales de la Constitución Política del Perú para establecer un nuevo modelo de organización territorial: el Perú de Regiones Autónomas.
La iniciativa plantea que cada región pueda contar con su propia Constitución Regional, aprobada mediante un proceso constituyente democrático y ratificada en referéndum por los ciudadanos del territorio. Esta Constitución Regional estaría subordinada a la Constitución Política del Perú y sometida a control previo del Tribunal Constitucional, garantizando la unidad del Estado.
“La Reforma no busca dividir el país. Busca que cada región pueda decidir sobre su territorio, su economía y sus recursos, sin depender de un centro que no los conoce, no los comprende y no los representa.”
Uno de los aspectos más relevantes de la propuesta es el reconocimiento del derecho de las regiones sobre el subsuelo de su territorio. El artículo 66 de la Constitución vigente establece que los recursos naturales son patrimonio de la Nación, pero en la práctica ese patrimonio ha sido administrado exclusivamente desde Lima. La Reforma introduce el principio de dominio compartido: el Gobierno Nacional mantiene la regulación de estándares y la seguridad estratégica, pero las Regiones Autónomas adquieren la facultad de autorizar, fiscalizar y participar directamente en los beneficios de la explotación de los recursos naturales ubicados en su territorio, incluidos los del subsuelo.
Este cambio es estructural. Implica que las regiones productoras de minerales, gas, petróleo y otros recursos naturales dejen de ser meras espectadoras de la riqueza que se extrae de su tierra para comenzar a participar activamente en su gestión y en sus beneficios. Esa es la diferencia entre un modelo que extrae y un modelo que desarrolla.
ALTERNATIVA FRENTE A LA CRISIS DEL CENTRALISMO
El Perú lleva más de una década atrapado en una crisis política que no da señales de agotarse. Desde 2016, el país ha tenido nueve presidentes en menos de diez años. Decenas de ministros que duran semanas en sus cargos. Un Congreso fragmentado en bancadas sin visión nacional. Y en medio de esa disputa de egos y narcisismos entre actores políticos de Lima, el interior del país sigue esperando obras, servicios, justicia y oportunidades.
La inestabilidad política no es un accidente. Es la consecuencia directa de un diseño institucional que concentra todo el poder en el Gobierno Nacional, convirtiendo la Presidencia de la República como si fuera un premio a disputar. Lima se convierte en el campo de batalla permanente de todos.
“Mientras los políticos de Lima se pelean el poder central, las regiones pagan la cuenta. Cada cambio de gobierno interrumpe proyectos, paraliza inversiones y deja a los gobiernos subnacionales sin interlocutor estable. Las regiones quedan navegando solas.”
La Reforma propone una solución estructural a este problema: distribuir el poder hacia el territorio. Si las regiones cuentan con autonomía política, normativa y fiscal real, el peso de la Presidencia de la República disminuye relativamente, y con él, la intensidad destructiva de la lucha por ese cargo. Un Estado descentralizado es un Estado más resiliente frente a la inestabilidad en el centro.
Adicionalmente, la reforma crea el Consejo de Regiones Autónomas (CRA), un órgano constitucional permanente de concertación y coordinación integrado por todos los gobernadores regionales, con facultad de emitir dictamen vinculante sobre las leyes que afecten directamente las competencias regionales. Por primera vez, las regiones tendrían voz institucional directa en el proceso legislativo nacional.
TACNA: LA DEUDA HISTÓRICA QUE EL PAÍS DEBE SALDAR
Tras la guerra del Pacífico, Tacna quedó bajo ocupación chilena durante cuarenta y nueve años. Cuarenta y nueve años en los que los tacneños debieron resistir sin apoyo material del Estado peruano, sin inversión, sin presencia institucional y sin garantías para su vida cotidiana. Fueron décadas de abandono. Los gobiernos centrales de Lima no tuvieron la capacidad ni, en muchos casos, la intención genuina de recuperar Tacna. Dejaron a los antepasados tacneños a su suerte, dependiendo únicamente de su propia resistencia cultural y de su identidad inquebrantable para mantener viva su peruanidad.
Tacna fue devuelta al Perú en 1929, por la voluntad de su propio pueblo. No por la acción del Estado central. Esa es la verdad histórica que el centralismo ha preferido no recordar.
“Mientras los políticos de Lima se pelean el poder central, las regiones pagan la cuenta. Cada cambio de gobierno interrumpe proyectos, paraliza inversiones y deja a los gobiernos subnacionales sin interlocutor estable. Las regiones quedan navegando solas.”
En ese contexto, el promotor de La Reforma exige que se reconozca de manera expresa el sacrificio de las comunidades de Para Chico y Para Grande, el lugar donde nació y reside. Su sacrificio no ha sido honrado. La Reforma es, entre otras cosas, una exigencia de reconocimiento de esa deuda histórica, para las comunidades de Para y para la Región Tacna.
Un Estado que reconoce la autonomía regional es un Estado que reconoce que Tacna no necesita permiso de Lima para decidir sobre su territorio. Ese reconocimiento no es un favor. Es una reparación. La sangre derramada de los antepasados tacneños llegó hasta el subsuelo.
LA CLASE POLÍTICA Y SUS PROPIOS INTERESES
El promotor de La Reforma reconoce que, en el actual escenario electoral, uno de los dos candidatos a la Presidencia de la República ha incluido entre sus compromisos públicos el restablecimiento del derecho al referéndum, a la descentralización real y la autonomía regional. Mientras uno de los candidatos al menos reconoce el problema estructural del centralismo y asume la responsabilidad política de abordarlo, la otra guarda silencio sobre una agenda que afecta directamente a la mayoría del territorio nacional. La ciudadanía debe tomar nota.
Las evidencias de que la clase política peruana opera en función de sus propios intereses y no de los de la ciudadanía son múltiples y documentadas. La imposición de la bicameralidad es un caso paradigmático: el Congreso aprobó la reforma que crea el Senado sin consultar a la ciudadanía, oponiéndose al resultado de un referéndum anterior. Una reforma que amplía el poder del propio Congreso, aprobada por el propio Congreso, sin ningún mecanismo de validación ciudadana. No es reforma del Estado: es blindaje del statu quo.
Igualmente revelador es el patrón de obstaculización del referéndum ciudadano. En los últimos años, el Congreso ha modificado sistemáticamente los requisitos y procedimientos para que la ciudadanía pueda convocar consultas populares, elevando umbrales, restringiendo materias consultables e introduciendo trabas procesales que hacen prácticamente inviable la participación directa de la población en las grandes decisiones del Estado. El mensaje no podría ser más claro: la clase política tolera la democracia representativa en la medida en que ella controla la representación. La democracia directa, en cambio, la incomoda profundamente.
“La bicameralidad se impuso sin preguntarle a nadie y contradiciendo el resultado de un referéndum anterior. También bloquearon el referéndum cuando la ciudadanía lo pedía. Esas dos decisiones cuentan más que mil discursos: la clase política no trabaja para el país. Trabaja para mantenerse en el poder. La Reforma es la respuesta ciudadana a esa realidad.”
“El referéndum que viene no lo decide Lima. Lo decide el Perú entero. Y el Perú entero empieza por cada región que decide decir basta.”
A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary
regelialia. It is a paradisematic country, in which
